El titular de la UIF mencionó que, derivado de la demanda presentada por el gobierno federal desde el 21 de septiembre de 2021, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna
El Gobierno de México mantiene una demanda civil en Florida, Estados Unidos, con el propósito de recuperar 634 millones de dólares del pueblo de México, extraídos de forma ilegal como parte de la trama de corrupción de Genaro García Luna.
Desde Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dijo que la federación reclama este monto pagado en sexenios anteriores por distintas entidades públicas y transferido a través de paraísos fiscales, principalmente de Barbados a Florida, donde fue aplicado en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, cuando García Luna fungió como ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
El titular de la UIF mencionó que, derivado de la demanda presentada por el gobierno federal desde el 21 de septiembre de 2021, se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna, quien fue declarado culpable el año pasado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Los demandados en el proceso civil emprendido por el gobierno federal, explicó, presentaron diversas solicitudes de desechamiento de juicio, sin embargo, el juez de primera instancia las negó.
“Hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”, afirmó.
Entre las entidades gubernamentales que registraron operaciones y contratos en los pasados sexenios están el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependientes en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, así como la Policía Federal, perteneciente a la exsecretaría de Seguridad Pública, donde García Luna fue titular durante el sexenio de Calderón.
Por ello, el Gobierno de México, dijo, se prepara para esta nueva fase legal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
